Según los ejecutores de la reforma, PSOE-PP, ésta servirá para dar confianza a los mercados financieros internacionales, favoreciendo el abaratamiento de los créditos, lo que conllevará a su vez un ambiente más favorable para la reactivación económica general.
El objetivo explícitamente confesado, es evidente que ya no está siendo conseguido. El mismo día en que se aprobaba la reforma en sede parlamentaria y además por una aplastante mayoría de diputados, 316 sobre un total de 350, la prima de riesgo sobre la deuda española subía hasta los 311 puntos básicos, lo que significa que el Estado Español tiene que pagar por su deuda 3,11 puntos porcentuales más, que los que Alemania paga por la suya. Así mismo el Ibex, indicador principal de la bolsa española caía el mismo día un 3,4%.
Obviamente la reforma constitucional no está sirviendo para cambiar la actitud de los mercados hacia la deuda española.
¿Pero, qué hay realmente detrás de la reforma del artículo 135 de la constitución?
Lo primero que queremos decir es que la filosofía genérica de la búsqueda del equilibrio presupuestario, es un planteamiento razonable. De hecho los brutales endeudamientos de algunos grandes países como E.E.U.U. y R.U. introducen grandes desequilibrios en la economía mundial, que son, en parte, los que inducen las políticas guerreristas a las que estamos asistiendo en los últimos años.
Pero esa filosofía del equilibrio presupuestario ya está suficientemente recogida en la legislación y normativa propia del Estado Español y además está presente en varios de los acuerdos internacionales de obligado cumplimiento para este Estado, por nuestra pertenencia a La Unión Europea. Esta realidad es, paradójicamente, señalada en la introducción a la enmienda de reforma total del artículo 135 de la constitución.
Haber impulsado un proceso sereno y responsable, además de socialmente admisible, de cómo avanzar hacia el equilibrio presupuestario, implicando a la sociedad y al conjunto de las instituciones, hubiera sido una actitud seria y creíble.
Pero lo que se está haciendo nada tiene que ver con ese planteamiento porque lo que realmente se busca, no es “el equilibrio presupuestario” que nos permita salir de la crisis económica, sino que lo que realmente se busca y así queda perfectamente explicitado en el párrafo 2 del apartado 3 del artículo 135 reformado, es que: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.”, es una jerarquización de los gastos en la que todo pasa a tener una importancia secundaria con respecto al pago de la deuda.
En un ciclo económico como el que nos encontramos, de estancamiento, y que desgraciadamente va para largo, los ingresos del Estado se verán reducidos muy significativamente, tal como ya está ocurriendo.
Si la prioridad absoluta para el uso de esos menguantes recursos, va a ser el pago de la deuda, las consecuencias son claras.
Si hay que elegir entre sanidad pública y pago de intereses a la banca, lo prioritario es la banca.
Si hay que elegir entre pago a la dependencia y pago de los intereses de la deuda, la banca también será lo primero.
Si hay que elegir entre mantener la cobertura de las pensiones o pagar la deuda, la banca también tendrá preferencia.
Si hay que elegir entre mantener el nivel de trabajo en el sector público así como el nivel de salarios en dicho sector y el pago de la deuda, como en los casinos, la banca gana.
Si hay que elegir entre el mantenimiento de las infraestructuras, ya no digamos de su mejoría, y el pago de intereses, aquellas se verán abandonadas.
El nuevo artículo 135 de la Constitución marca una prioridad en el gasto del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos que condiciona desde ahora mismo, ya, los recortes en los gastos sociales y en los servicios públicos, para seguir alimentando como prioridad el vampirismo del capitalismo especulativo.
Estamos de hecho ante un episodio de la usura del siglo XXI constitucionalmente institucionalizada.
Si de verdad se quisiera avanzar de una forma responsable en el equilibrio presupuestario, tendría que hacerse sobre dos pilares que para nada aparecen en la reforma impuesta por el PSOE-PP.
Primero, no se puede renunciar con carácter absoluto a un instrumento económico que la historia ha demostrado, es en muchas ocasiones beneficioso e incluso imprescindible, tal como es el déficit presupuestario y por ende el endeudamiento público.
Segundo, que en la búsqueda de ese equilibrio presupuestario, las prioridades y limitaciones tendrían que ser muy distintas de las que se han planteado en esta reforma.
Habría que priorizar la financiación del gasto social y de los servicios públicos, porque para ello pagamos nuestros impuestos, no pagamos nuestros impuestos para alimentar a la banca y a la economía especulativa.
Hay caminos mucho más eficaces para la búsqueda del equilibrio presupuestario. Desde luego más útiles para iniciar realmente el camino de la reactivación económica:
. Prohibir por ley la transferencia de recursos públicos a la banca y a las grandes empresas privadas.
. Tomarse realmente en serio la lucha contra el fraude fiscal, evaluado en varios miles de millones de euros cada año
. Poner en marcha mecanismos de auténtico control del gasto público que eviten el despilfarro y la corrupción al que nos tienen tan acostumbrados, muy especialmente los ayuntamientos.
. Impulsar una reforma fiscal con la finalidad de que los que más tienen, más aporten.
. Imponer por ley un límite al tipo de interés que se puede llegar a pagar por la deuda pública española, que no debería ser en ningún caso superior a 50 puntos básicos sobre lo que cuesta la deuda pública alemana, es decir 0,5 puntos porcentuales más que aquella.
. Controlar la economía sumergida, que representa según diversas evaluaciones entre un 25 y un 30% del P.I.B.
No parece nada probable la convocatoria de un referéndum sobre la reforma constitucional en marcha, pero si éste finalmente se hiciera a través de una tercera urna el 20-N, coincidiendo con las elecciones generales, y por tanto sin un debate específico, particularizado y serio sobre la cuestión. No estaríamos asistiendo realmente a una auténtica consulta popular sobre la reforma, no estaríamos zanjando la cuestión de la legitimidad democrática del proceso puesto en marcha por el PSOE-PP, sino a un nuevo parche.
Luis Ocampo
5/9/2011
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